MASACRES EN COLOMBIA Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD ¿RETORNO AL PASADO?.

 Por: Manuel Ibarra. (Periodista en formación, columnista y analista de temas militares, de seguridad,criminalidad y orden público).

Email: manibagu.cuyabro@gmail.com

Celular: 3233785616 (Colombia)



CONTEXTUALIZACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD:

Tras darse la firma del acuerdo de paz de La habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón y las otroras FARC-EP, el país entro en un proceso de transición política, social y en materia de orden público; en esa perspectiva dentro del cumplimiento a una de las garantías dentro de los puntos del citado acuerdo que consignaba el compromiso estatal de luchar “contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.

En virtud de aquel parágrafo consignado en el extenso acuerdo de paz el estado se hacía garante de las condiciones de seguridad para el postacuerdo mal llamado postconflicto; en esa medida el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos Calderón y el ministerio de defensa clasifican mediante la directiva 015 de 2016 a las amenazas de seguridad en tres clases tales como estructuras tipo A de incidencia nacional, tipo B de incidencia regional y tipo C de incidencia local; y los enmarca en dos clasificaciones principales tales como GAO(grupo armados organizado), GDO (grupo delincuencial organizado). En ese entendido y más adelante se añade la categoría GDCO (grupo delincuencial organizado) en coincidencia con el orden nacional, regional y local de las amenazas de seguridad en las cuales se contemplan también los GAO-R (grupos armados organizados residuales) que son aquellas estructuras que no se acogieron al acuerdo de paz entre las FARC y el estado, o aquellas que se rearmaron y aquellas que han emergido; quedando facultado en el caso de los GAO el uso de capacidad de las fuerzas militares y en el caso de los GDO y GDCO el apoyo de las fuerzas militares a las tareas de la policía nacional.

En cuanto a planeación estratégica se proyecta el plan de consolidación y estabilización victoria que en síntesis se genera como un plan de copamiento del territorio nacional, consolidación territorial y estabilización de los territorios sensibles en los cuales hubiese amenazas persistentes; el desarrollo de la acción unificada del estado y en recuperar la gobernabilidad para garantizar una paz estable y duradera. Este plan se complementa por el plan victoria plus que manteniendo los principios rectores del plan victoria se complementa desarrollando un enfoque más ligado a la interinstitucionalidad y a una vinculación más directa con el desarrollo social y económico así como una articulación más estrecha con la policía nacional desarrollando subcampañas operacionales destinadas a estabilizar teatros operacionales con enfoque regionales tales como plan Atlas en Nariño, plan Esparta en Catatumbo, plan Titán en Choco, campaña Zeus en los llanos y amazonia destinado a combatir los GAO-R, campaña relámpago rojo destinada al Choco, Cauca, Nariño y la operación Agamenón que en sus dos fases se ha enfocado contra el clan del golfo y el plan Horus como plan de visibilización, acción integral, apoyo al desarrollo y control territorial.

Al llegar a la presidencia Iván Duque Marquez candidato del centro democrático, partido contradictor del anterior gobierno; lanza el plan de choque “el que la hace la paga” basado en tres ejes principales como acciones para reducir el delito, acciones de prevención y control y actividades de participación cívica, y de otra parte desarrolla el plan Bicentenario héroes de la libertad soportadas en tres pilares fundamentales, como lo son el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la sostenibilidad de las Fuerzas Militares y la sinergia operacional y bajo tres ejes principales tales como:

-Protección del Estado y sus recursos, contribuyendo en la seguridad de la población e infraestructura de la Nación y sus fronteras, así como en la neutralización del sistema de amenaza de los grupos armados organizados.

-Estabilización institucional del territorio, a través de las capacidades de las Fuerzas Militares se apoyará la seguridad, la legalidad y el emprendimiento, además se contribuirá con la protección del agua, la biodiversidad y el medio ambiente.

-Fortalecimiento de las Fuerzas Militares, las cuales apuntan directamente a un estado final deseado con unas Fuerzas adaptables, capaces de operar en entornos de seguridad cada vez más complejos, a nivel interno, regional y en apoyo de la seguridad global. Todo esto integrando las capacidades de las Fuerzas Militares para lograr la sinergia en los dominios terrestres, marítimos, fluvial, aéreo, ciberespacio y espectro electromagnético.

Este plan en conjunto con el plan Colombia bicentenaria de la policía nacional que bajo el principio rector de “seguridad con legalidad” y bajo la conducción del  Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia que es la continuación del plan “el que la hace la paga” y lo convierte en política de seguridad hasta el año 2022 y demarca el PEI (plan estratégico institucional).

REBROTE DE INSEGURIDAD Y VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

Pese a todo el contexto de seguridad que se ha contemplado, el contexto de inseguridad y particularmente de violación a los derechos humanos se ha acentuado. En cuanto al asesinato u homicidio colectivo que frontalmente podría decirse masacres los indicadores no son alentadores pues desde el gobierno Duque que asumió el 7 de Agosto de 2018 ha habido algo más de 36 masacres que han decantado en la muerte de 133 víctimas, y en lo que va del 2020 según el diario el espectador uno de los diarios más prestigiosos del país; se reportan 46 masacres que han generado la muerte de 184 persona.

En esa perspectiva y dado el andamiaje en seguridad anteriormente descrito es claro que está fallando el alcance institucional, teniendo en cuenta que las más recientes masacres tales como:

Se ha deducido mucho y especulado en gran medida que el rebrote de masacres tipificados jurídicamente homicidio colectivo teniendo en cuenta la violencia homicida que atenta contra los derechos humanos y el DIH pero que en el argot moral se les denomina masacres partiendo de la premisa de ser asesinatos múltiples a personas en estado de indefensión se ha dado a causa de la captura del expresidente y exsenador Alvaro Uribe Velez enfrascando esto dentro de un contexto de violencia política, otras veces aseguran que se ha deteriorado la seguridad lo cual es confirmable y a su vez otras voces le restan importancia al alarmante contexto que esto ha generado y que ha hecho eco en los aires y vísperas de postconflicto que se ha respirado que mas que eso ha sido "postacuerdo" que se sabe sera difícil por la reconfiguracion criminal que se fortalece ante la falta de estado en estos territorios que requieren estabilización y consolidación así como la vigilancia e implementación integral de la misma; de acuerdo con la geo-referenciación de tales hechos, es posible deducir la autoría de los actores armados, es claro que existe una sistematicidad deducida en que la mayoría de personas blanco de estos crímenes de lesa humanidad son jóvenes, miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes, campesinos y líderes sociales; en esa medida es claro que los actores armados varían en cuanto a la zona.

 Si nos adentramos a Arauca que es un escenario en estabilización es deducible la autoría del ELN o en su defecto del GAO-R frente 10 estructuras que pernotan en tal departamento, si nos adentramos en el Catatumbo es deducible que se dan en el marco de confrontación entre el ELN y los Rastrojos, de otra parte en Nariño en especial el pacifico es uno de los escenarios en proceso de estabilizaciones deducible la autoría examinando la confrontación entre grupos armados organizados residuales postfarc, las autodefensas gaitanistas de Colombia, ELN y grupo organizados delincuenciales tales como los contadores; quienes están en confrontación; así mismo en el Cauca escenario también a estabilizar también se ha dado a causa de las disputas entre GAO-R y la ofensiva del GAO-R segunda marquetalia quienes han entrado a disputar y confrontar a los GAO-R emergentes y aquellos disidentes; por otra parte ha habido hechos de sangre en escenarios de consolidación tales como Algeciras-Huila y Venecia-Antioquia, zonas todas donde los carteles Jalisco Nueva generación y Sinaloa son actores esenciales en esa reconfiguración criminal teniendo en cuenta que ya no pretenden ser socios sino "amos y señores" en cuanto a portafolios criminales que es lo que ha desatado este caótico panorama.

Es claro que en tales escenarios de estabilización que no han sido consolidados porque es evidente la estabilización en curso, se está presentando un fenómeno de reconfiguración criminal en el cual los actores armados se disputan el control territorial, el control social, los portafolios de rentas criminales y mixtas y por ende esta pugna desencadena en el incremento de indicadores como el homicidio, la extorsión, el desplazamiento, amenazas, entre otros.

LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL ¿éxito o fracaso?.

En algunos territorios en etapa de consolidación que han presentado vulneraciones a derechos humanos más aun aquellos que en un pasado fueron escenario de hegemonía criminal o en su defecto de confrontación entre actores armados, es claro que se perciba con mayor eco una percepción de inseguridad; máxime si los síntomas de un escenario hostil durante algún tiempo dejaron de pulular y ante ello cualquier hostilidad se convierte en un acto de publicidad armada que en el imaginario colectivo revive los fantasmas de otroras tiempos de confrontación, diferente es en las zonas de estabilización donde la violencia o cualquier clase de hostilidad se vuelve incluso rutinaria, a excepción de cuando esta genera impacto bien sea por afectaciones significativas contra la fuerza púbica o contra la población civil.

En esa medida es claro que el reto que tendrá el programa de zonas futuro que pretende priorizar varias zonas del país en aras de estabilizar el territorio y aplicar la triada de paz con legalidad, emprendimiento y equidad y de entrar a los territorios críticos bajo la acción unificada que garantiza tras la estabilización el apoyo y defensa a la autoridad civil en aras de la consolidación integral y en su defecto la creación de condiciones de seguridad que permitan la funcionalidad institucional, los servicios estatales, condiciones de seguridad así como desarrollo económico y social por medio de la asistencia humanitaria, las tareas de contrainsurgencia, las operaciones de información e influencia y a su vez de contrainteligencia: que en teoría pretender “generar ambiente seguro, supremacía de la ley, sostenibilidad económica y  gobierno estable”; esfuerzo complementado con la cooperación en seguridad, el encuentro militar, el combate al narcotráfico y la defensa interna mediante la asistencia de otras fuerzas de seguridad.

En complemento de la consolidación las fuerzas armadas en especial el componente militar desarrolla las operaciones ADAC (apoyo y defensa a la autoridad civil) como esa técnica de acción decisiva enmarcada en las operaciones terrestres unificadas OTU que mediante la acción no letal pretende “salvar vidas, restaurar servicios esencial, mantener o restaurar la ley y el orden, proteger y apoyar el mantenimiento de la gobernabilidad, configurar el ambiente operacional y garantizar el apoyo a la recuperación social".

ZONAS FUTURO ¿observadoras de derechos humanos?

Las zonas futuro como política de seguridad

 erigidas bajo el decreto 062 de Enero de 2020 son aquellas zonas que el gobierno de Iván Duque han priorizado a nivel nacional como esas zonas priorizadas que actualmente son más afectadas por indicadores de violencia, criminalidad  pobreza; frente a estos factores tal estrategia contempla cuatro pilares como lo es la implementación concreta de la estrategia de seguridad nacional, fortalecimiento de la seguridad ciudadana, fortalecimiento del plan de acción oportuna PAO, y el marco de implementación de una política de "protección y prevención de líderes sociales".

Esta estrategia  que pretende en teoría participación ciudadana y sintetización de necesidades integrales va dirigida puntualmente a 44 municipios y 995 veredas pretende estabilizar zonas tales como pacifico nariñense donde operan diversos grupos armados, tanto postAUC como postfarc, Catatumbo con una situación similar, Bajo cauca y sur de Córdoba escenario de confrontación entre estructuras postAUC, Arauca donde hay pugnas entre ELN y grupos armados organizados residuales, El chiribiquete zona de operatividad de la línea de GAO-R dirigida por “Gentil Duarte” y parques naturales; de tal suerte que sobre los comités territoriales reposa toda la estrategia de despliegue de la acción unificada, coordinada e interagencial en aras de implementar políticas de acción integral en aras de estabilizar el territorio atacando factores generadores de violencia tales como economías ilícitas, violencia, criminalidad, narcotráfico y factores como la presencia institucional precaria y necesidades sociales no satisfechas.

En esa medida tras la ley 1941 del 18 de Diciembre de 2018 el consejo de seguridad nacional declara las zonas mencionadas como ZEI “zonas estratégicas de intervención integral” precisamente zonas en las que es urgente el remplazo de economías ilícitas por licitas, la desarticulación de grupos armados, el combate al narcotráfico y la disminución de índices de inequidad y pobreza.

En estas zonas se prevé asesoría e intervención de militares estadounidenses, pues de hecho se ha previsto que 54 militares de EEUU adscrito a la brigada de asistencia a fuerzas de seguridad SFAB del comando sur de EEUU; situación que ha provocado fuertes criticas en sectores de opinión pues ante los ojos de organizaciones de derechos humanos se aduce que se priorizara la solución militar con componente extranjero por encima del diálogos social y ante ello tales “zonas futuro” que son precisamente las que han presentado índices de violaciones de derechos humanos, entre ellos por situaciones derivadas de la erradicación forzada de cultivos ilícitos que dan a interpretar que el “combate al narcotráfico” podría derivar en vulneraciones de derechos humanos de los campesinos que han tenido su sustento a base de estos cultivos que actores armados regulan.

A su vez el malestar territorial ha sido evidente pues allí en estos territorios los actores armados ejercen presión sobre las comunidades, presión que se complementa con la presión estatal que deriva entonces en un contexto en el cual lo previsto en el acuerdo de La habana respecto a la solución del problema de cultivos ilícitos y respecto a variados programas de implementación constituidos en los PDET (planes de desarrollo con enfoque territorial) pues en estas zonas se preveía la implementación del PNIS programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos; de hecho de percibe las zonas futuro fueron concebidas mas bajo la óptica del orden público y a la luz de observadores de derechos humanos se dice van en contravía de la implementación del punto 4 del acuerdo de paz de la Habana que demarcaba la manera de sustitución de cultivos ilícitos.